¿No nos prometieron el cambio? Pues ahora toca intentarlo…

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HEMICICLO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS VACIO  VISTA GENERAL Y PANORAMICA

Dos meses será el plazo desde que Mariano Rajoy constate que no consigue su investidura hasta que se llame a nuevas elecciones en España. Aunque en estas agitadas fechas de Enero parece un plazo muy corto, 60 días son un periodo extenso para debatir con solvencia quién, con quién, cómo y bajo qué condiciones se puede formar un gobierno alternativo en España.  Aunque solamente sea para favorecer dicha reflexión me permito realizar esta humilde aportación heterodoxa ante el laberinto poselectoral español, centrada en dos aspectos.

El primero gira en torno al hecho innegable de quién ha perdido las elecciones. Aunque en el fragor de mil batallas esto ha quedado en segundo plano, hay que reafirmar que el claro perdedor de las elecciones de Diciembre ha sido el partido en el gobierno, el PP, que ha visto disminuido su apoyo en 3,6 millones de votos y 63 parlamentarios.

De modo completamente fragmentado y cada cual por su cuenta, todos los grandes partidos opositores han hablado de la necesidad de un cambio frente a las políticas del PP: el “cambio sensato”, el “cambio seguro” o el “cambio” a secas han presidido sus campañas, con contenidos que incluyen el cambio en la orientación de la política económica, la intolerable situación social y la regeneración democrática.

Por ello, en un mundo donde imperara la lógica, sería de esperar el surgimiento de una coalición de esos partidos para impulsar una narrativa de creación de un gobierno de cambio, y acordar un programa de reconstrucción de lo que el PP ha destruido en los últimos cuatro años, – con fórmulas que pudieran ir desde un acuerdo de formación de gobierno hasta un apoyo de investidura pasando por un paquete pactado de reformas legislativas. En pura lógica y ateniéndonos al mensaje central de los grandes opositores que concurrieron a las elecciones y el apoyo que han recibido, la formación de una alternativa amplia de cambio para gobernar frente a las políticas y el estilo del PP sería un objetivo potente, bien entendible y muy justificado.

 

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Además, existen mimbres comunes para llevarlo a cabo: el PSOE es un partido socialdemócrata. Podemos, aunque afirma no situarse en la lógica izquierda-derecha, se autodefine también como heredero de la socialdemocracia. Pudiera parecer sorprendente, dado el nivel de prejuicios existente, incluir en este posible bloque a Ciudadanos. Pero Cs es un partido demócrata liberal con una vertiente social, – y las grandes coaliciones que en la segunda mitad del siglo XX impulsaron el Estado de bienestar tuvieron en su base un consenso entre socialdemócratas y demócratas liberales.

Cierto que el acuerdo sería limitado, que ninguno de los tres podría avanzar en sus planes programáticos al 100% a pesar de la incomprensión que esto pueda producir en algunos segmentos de sus votantes, y que todos habrían de renunciar a elementos centrales y particularmente queridos de sus propuestas. Pero existen componentes de proximidad para un acuerdo de cambio y reconstrucción social, reorientación del crecimiento económico y regeneración democrática e institucional, – aparte de un buen ramillete de políticas sectoriales. Así, dimensiones como combatir efectivamente la pobreza y la desigualdad creciente, derogar reformas austericidas, reorientar la economía hacia el crecimiento, darle nueva tracción a la reindustrialización de España, luchar más eficazmente contra el desempleo, fortalecer la educación, la sanidad y los servicios de dependencia, impulsar el cambio de la ley electoral, eliminar los mecanismos que han posibilitado la corrupción o hacer retroceder la colonización partidista de las instituciones del Estado son todos ellos terrenos en los que cabría situar la negociación y, eventualmente, un acuerdo. ¡Y esto sería una muy buena noticia para la inmensa mayoría de la población!

Sin embargo, no estamos en un mundo en el que impere la lógica. Ciudadanos, a pesar de su vertiente social, se ha escorado públicamente hacia el centro-derecha en sus preferencias, probablemente porque una parte importante de su electorado proviene de esos pagos: lógicamente, una perspectiva de apoyo a un gobierno con socios de centro-izquierda o de izquierda puede no resultar inmediatamente aceptable. Podemos está en plena ascensión, y se ha quedado a 350.000 votos de los obtenidos por el PSOE. Dada la dirección de su evolución, en ascenso, frente a la de su adversario, en descenso, los alicientes para atenerse a criterios de responsabilidad de gobierno son escasos frente el incentivo de ganar unas nuevas elecciones en caliente.  De hecho todas las intervenciones públicas de su líder están, por el momento, más destinadas a socavar sutilmente al PSOE que ha plantearle compromisos mutuos.

Pero lo peor es que el PSOE, que es a quien le correspondería la centralidad para dar forma, empaque, fuerza y potencia a este posible acuerdo, se ha venido abajo en las jornadas posteriores a las elecciones. Se ha desatado un desafío al liderazgo de Pedro Sánchez, un desafío aún no explicitado pero muy real y que ha cristalizado en torno a la propuesta de apartarse sorprendentemente de la crucial agenda española postelectoral para plantearse un Congreso interno.  De modo que el líder que debería ocupar la centralidad para convencer a unos y a otros, establecer la visión de un gobierno de cambio y reconstrucción y armar un acuerdo que desaloje a Mariano Rajoy de la Moncloa, parece que pudiera estar soportando una conjura en su propia casa.

Conviene ahora referirse a un segundo elemento que nos ha traído las urnas, apenas reflejado en los análisis al uso: ha crecido exponencialmente el número de votantes que apoyan una relectura de la Constitución española en torno a la cuestión de la soberanía nacional. A pesar de que nuestra Constitución habla de la indisoluble unidad de España y de que la soberanía reside en el pueblo español, hay un número creciente de españoles que defienden que la unidad de España debería estar basada en la voluntad de unidad expresada democráticamente por sus partes, lo que implica asumir la posibilidad de consultas y de eventual secesión, y reformar la Constitución en tal dirección.

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 Nacionalistas catalanes y vascos más las fuerzas que defendían el “derecho a decidir” podían llegar a sumar en 2011, siendo generosos, casi 4 millones de votantes. Pero en 2015 se han multiplicado por dos, se acercan a los 8 millones de españoles y representan el 31% de todos los votantes en las pasadas elecciones. Una gran mayoría de los que se inclinan por esta relectura de la Constitución no lo hacen a partir de un prisma nacionalista y mucho menos independentista, sino democrático; no favorecen las secesiones, sino las consultas, y en caso de realizarse una apoyarían la tesis de la unidad de España.

¿Por qué esta evolución? Probablemente es una reacción a la política absolutamente cerrada y sin diálogo posible que ha adoptado el PP en sus años de gobierno, y a la postura que ante esto han tomado las fuerzas nacionalistas en Cataluña, fugándose hacia el independentismo. Probablemente a que muchos ciudadanos catalanes que ni se sienten nacionalistas ni independentistas sí están a favor de que se deje hablar al pueblo catalán. Probablemente se debe a que muchos ciudadanos de izquierdas en España ven que no existen mecanismos eficaces para resolver estos problemas. Y el hecho es que ya casi suman 8 millones los votantes que opinan que hay que encontrar modos menos agónicos de abordar estos conflictos.

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 A pesar de sus enormes diferencias respecto a cómo salir del embrollo catalán, las tres fuerzas que se mencionan aquí tienen un mínimo común: defienden que el diálogo y la negociación deben de sustituir la reacción primaria que ha tenido el PP frente al nacionalismo catalán. Y ello no es poco, porque lograr hoy “un punto y aparte”, un talante seriamente dialogante y negociador de buena fe podría hacer milagros ante una alternativa independentista que pierde fuelle día a día en Cataluña.

A medio plazo también cabe imaginar fórmulas que no irían contra la legalidad constitucional actual. Me refiero a una ley de consultas promulgada por el Parlamento español que en esencia implicaría la obligatoriedad de conceder un referéndum consultivo a aquellos territorios autonómicos cuyos parlamentos lo pidan con una mayoría reforzada; y en el caso de que la posición a favor de la secesión triunfara, negociar de buena fe los términos o las alternativas a la misma y, en última instancia, si fuera necesario, someter esa posibilidad al pueblo español a través de un referéndum constitucional.

Pero es difícil que todos los aludidos para acordar una operación de “punto y aparte”, de un lado y del otro, estén dispuestos a dejar para otra ocasión buena parte de su mochila, sus prejuicios y sus ideas preconcebidas para iniciar una nueva etapa, también con Cataluña.

Sin embargo hay que decir con claridad que los electores que, con una preferencia u otra, votaron por el cambio no van a perdonar que soluciones de este tipo no se intenten. La repetición de las elecciones será no solamente un fracaso para nuestros líderes políticos por no haber sido capaces de gestionar el pluralismo con el que les hemos mandatado. El fracaso será mucho mayor para aquellos que ante la disyuntiva de negociar revelen que, en realidad, prefieren no intentarlo, en la esperanza de obtener mejores resultados con unas nuevas elecciones.

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Me gustaría pensar que, en el escenario de dos largos meses, la sensatez negociadora se puede imponer. Pero en cualquier caso hay un argumento de peso para intentarlo: la enorme ventaja de que quede patente ante los ciudadanos quién tiene altura de miras y está dispuesto a gestionar el pluralismo actual, y quién pretende escurrir el bulto y defender “lo suyo” a pesar de las miserias diarias que está viviendo en todos los órdenes nuestro país y sus gentes.

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